La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha estimado el recurso interpuesto por numerosos residentes en las viviendas de protección oficial de Primero de Mayo, en Santander, contra la valoración económica que se había hecho de los pisos doblando el precio acordado inicialmente.
En concreto, tal y como recoge la sentencia --contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo--, los demandantes suscribieron en distintas fechas de 2011 con la entidad Residencial Primero de Mayo S.L los contratos de arrendamiento en régimen de alquiler con opción a compra de las viviendas, trasteros y plazas de garaje de los portales 9 a 11 de la calle Manuel Vélez.
En el año 2021, al acercarse el plazo para ejercitar la opción de compra, los recurrentes consultaron cuál iba a ser el precio y este no coincidía con el acordado diez años atrás, sino que se les había doblado mediante una valoración económica que además contaba con la autorización del Gobierno regional.
Los afectados recurrieron los informes que se les trasladaron, pero estos recursos fueron desestimados. Sin embargo, tras demandar al Gobierno regional ahora el TSJC les da la razón en una reciente sentencia que ha sido difundida a los medios por Cantabristas.
En ella la Sala apunta que existe un documento, el acuerdo de calificación provisional de las viviendas, en el que se recoge el precio máximo de venta fijado en 1.394,72 euros el metro cuadrado de vivienda, y si son trasteros o garajes 836,63 euros el metro cuadrado, cuando ahora se les reclama el doble.
Por ello, el TSJC revoca las resoluciones de la Dirección General de Vivienda en las que se desestimaron los recursos de los inquilinos.
La Sala considera que el precio para estos vecinos debería ser "similar" al de otras promociones de viviendas de protección oficial si estaban sometidas a la misma regulación, "y no duplicar unas las de los otros".
