Dos de los tres acusados por distribuir y vender cocaína por la zona de Laredo han reconocido los hechos en el juicio contra ellos y han aceptado penas de prisión de 18 meses y de tres años, y de multa de 300 y 21.000 euros, respectivamente, en la vista celebrada este miércoles, con conformidad para ambos.
Sin embargo, el tercer investigado ha negado su participación y se enfrenta a seis años de cárcel que pide para él fiscal, que ha eliminado de su calificación inicial el que los tres implicados formaran un grupo criminal pero ha mantenido la autoría de dos delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.
Antes de la vista, desarrollada esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, el representante del ministerio público reclamaba ocho años de encarcelamiento para el principal encausado -en el que aprecia la agravante de reincidencia- y cinco años para los otros dos, a los que se ha aplicado la atenuante de adicción a drogas.
Según la Fiscalía, el acusado que se ha mostrado disconforme con los hechos y la pena solicitada para él se dedicaba desde el año 2000 al tráfico de drogas, concretamente a suministrarla a los otros dos, y en su vivienda se encontraron 8.150 euros procedentes supuestamente de la venta de estupefacientes.
Pero el hombre ha negado esos extremos, asegurando que es "falso" que proporcionara sustancias a ninguno de estos procesados ni a terceros, así como que entregara un paquete sospechoso -como apuntó la Guardia Civil tras las vigilancias- a uno de ellos, del que es amigo "de toda la vida" por lo que se prestaban mutuamente dinero o el coche, entre otras cosas y según ha indicado.
Y al otro, ha dicho que también le conoce desde "hace treinta años", pues ambos son del mismo pueblo e iban juntos al colegio además.
En cuanto al dinero hallado en su domicilio, ha explicado que eran sus "ahorros", pues aunque no estaba dado de alta en la Seguridad Social ni realizaba la Declaración de la Renta trabajaba en un negocio familiar -un hotel de su hermana- y como vigilante de seguridad en diferentes locales nocturnos.
También ha sido cuestionado durante el interrogatorio de las partes por una balanza de precisión encontrada en su casa, pero ha aclarado que se trata de un "peso de cocina" que usa para controlar las cantidades de alimentos que ingiere cuando está a dieta o porque va al gimnasio.
A preguntas de su letrado, que pide para él la absolución al considerar que es "inocente", ha destacado que los agentes no hallaron "nada" de droga en el registro de su domicilio, tampoco en dicho peso.
UN PAQUETE CUADRADO COMO UNA CAJETILLA DE TABACO
La prueba testifical ha incluido la declaración de varios guardias civiles que participaron en la operación, que han indicado que eran "frecuentes" los encuentros entre los tres y "a veces" también "fortuitos y rápidos".
De las vigilancias y seguimientos han destacado el realizado el 2 de diciembre de 2020, cuando el principal procesado entregó a uno de los otros dos un paquete "compatible" con sustancias estupefacientes, dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado. Han detallado que era "cuadrado" y del tamaño de un "paquete de tabaco", pero sin poder apreciar lo que había en su interior.
También han corroborado que no encontraron droga su vivienda, solo el dinero -una cantidad "importante" para una persona a la que no vieron ir a trabajar- y la balanza, que era "chiquitina" y como las que se usan "habitualmente" para pesar sustancias estupefacientes.
En las entradas y registros de los domicilios de los otros dos encausados los agentes hallaron 5.400 euros y 223 gramos de cocaína, valorada en 20.682 euros, guardada en una maleta, y 9.315 euros y 52 gramos de hachís.
"POCAS PRUEBAS O NINGUNA"
Tras el juicio, el fiscal ha mantenido la pena de 6 años de prisión solicitada al inicio de la vista para el principal procesado, al considerar que se dedicaba al tráfico de drogas en la zona de Laredo, proporcionando sustancias a los otros dos procesados que eran quienes las vendían a terceras personas 'al menudeo'.
A juicio de la acusación pública, el dinero hallado en su casa procede de una actividad "ilícita" y no se puede "justificar como ahorros" cuando existe una "ausencia total de ingresos".
En cambio, para la defensa el fiscal tiene "pocas pruebas o ninguna" para acusar a su representado, pues la "prueba reina" es la del dinero, con la que se podría extrapolar, según ha expresado este abogado, que "cuatro millones de españoles son traficantes porque están en el paro y tienen dinero de chapuzas" que hacen.
Y después de sentenciar que "no se puede condenar dos veces por los mismos hechos" a una persona, este letrado ha considerado que en las reuniones y vigilancias de los procesados no se ha visto ni entregado "nada" sospechoso, por lo que el paquete entregado "puede ser cualquier cosa".
