Un total de 48 ayuntamientos han optado por delegar en la comunidad autónoma las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias.
El último en sumarse ha sido Miengo, que este lunes ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) para la gestión y recaudación de tributos locales, que ha sido rubricado por el acalde, José Manuel Cabrero, y la titular de Economía y Hacienda, María Sánchez.
El acuerdo se suscribe tras la aprobación por el pleno municipaly permite la encomienda de los cobros locales a la ACAT.
En un comunicado, el Gobierno ha explicado que este instrumento permite delegar en la ACAT la gestión y recaudación en periodo voluntario y ejecutivo de los tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento.
En este caso, se ha acordado la cesión del impuesto sobrebienes e inmuebles (IBI); la gestión y recaudación del impuesto sobre actividades económicas; el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana; la tasa de prestación de recogida de basura.
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También se ha incluido en el acuerdo la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales de empresas de servicios suministros y la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales de empresas de servicios de telecomunicaciones.
Para "optimizar" la gestión recaudatoria de los tributos de cobro periódico, la ACAT confeccionará un calendario fiscal al que deberá de atenerse el Ayuntamiento.
Igualmente, se conformará una Comisión de Seguimiento que ejercerá funciones de vigilancia y control sobre la ejecución del convenio.
De este modo, Miento se une así a otros 47 municipios de la región que han optado por delegar en la comunidad autónoma las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias.
A pesar de que cada ayuntamiento tiene un plan 'ad hoc', el IBI es el único impuesto común en todas las cesiones de gestión recaudatoria suscritas por las administraciones locales con la ACAT.
